El derecho penal es el sistema de reglas legales que definen qué conductas pueden ser clasificadas como delitos, así como la forma en que el gobierno procesa y castiga a los ciudadanos que comentan dichas fallas. Existen códigos penales a nivel local, estatal y federal que explican de forma explícita los delitos que castigan y las sanciones que enfrentan quienes los cometen. Estas sanciones pueden ir desde multas hasta cierto tiempo en libertad condicional y, en casos más graves, la cárcel.
En Estados Unidos las demandas en contra de quienes delinquen son manejadas por abogados que trabajan para el estado y que reciben el nombre de fiscales (prosecuting attorney).
¿Qué es un delito?
Un delito, o crimen, es el acto de omisión o violación de una ley que expresamente ordene o prohíba algo.
Los delitos varían de un estado a otro (a veces hasta de una ciudad a otra). Los más comunes en el país se pueden encontrar resumidos en el MPC o Modelo del código penal. Sin embargo, si desea una lista de los delitos más comunes en su área, le recomendamos leer su código penal local.
Ahora, los delitos pueden dividirse entre delitos graves y delitos menores. Delitos como el asesinato y la violación son delitos graves. Los delitos graves suelen castigarse con cárcel durante más de un año cuando menos. En cuanto a los delitos menores, estos por lo general se castigan con multas o hasta un año en prisión.
Castigos.
Los delitos se dividen en dos; el acto en sí y el estado mental (ser consciente o actuar intencionalmente). Para ser castigado por un delito, el fiscal deberá probar que ambos elementos formaron parte del crimen. Por ejemplo, en un caso de hurto el acusado debe haber tomado algo que no le pertenecía y lo debe haber hecho con la intención completa de hacerlo y con conocimiento de que el artículo no le pertenecía.
El fiscal y su equipo deben ser capaces de probar los elementos de un delito para poder obtener una sentencia en contra del acusado. Además, distintos procedimientos deben cumplirse por parte de policías, oficiales y fiscales; esto debido a que todos los ciudadanos estadounidenses poseen una serie de derechos constitucionales que deben ser protegidos y respetados bajo cualquier circunstancia. De no ser así, el caso podría complicarse innecesariamente y la fiscalía podría incluso perder el caso.
Derechos de los acusados.
La constitución de Estados Unidos es muy clara en cuanto a los derechos que los acusados tienen. La Quinta y Sexta Enmienda de la constitución protegen a los individuos en contra de interrogatorios “ilegales”, es decir, no realizados conforme a lo establecido, por parte de oficiales de la policía. La advertencia Miranda, por ejemplo, dictamina que un aviso debe dárseles a los detenidos en el que se especifiquen sus derechos (a guardar silencio, a un abogado, a saber que cualquier declaración que haga podría y será usada en contra suya, etc). De manera similar, la Octava Enmienda protege a los acusados de recibir sentencias que puedan parecer exageradas o ventajosas.
La violación de cualquiera de estos derechos constitucionales puede llevar a la exclusión de evidencia dentro del juicio criminal y esto a su vez puede terminar en la depreciación del caso en contra del acusado.