La Ley de Derechos Civiles de 1871 permite a las personas demandar por ciertos tipos de violaciones de los derechos civiles, incluida la fuerza policial excesiva.
Esta aplica cuando alguien con autoridad legal actúa de forma inadecuada haciendo sobre uso de sus derechos otorgados como entidad de orden público, causando así violaciones de los derechos consagrados en la Constitución de los Estados Unidos o los estatutos federales.
Los abogados usualmente se refieren a los casos presentados bajo esta ley como demandas de la “Sección 1983”. Esta se puede aplicar en varios escenarios, y las reclamaciones bajo ella no siempre involucran violencia. No obstante, casi siempre es utilizada cuando alguien es víctima del uso de fuerza policial excesiva.
La investidura de orden público estatal aparente.
Para que la Sección 1983 pueda ser ejercida, la persona demandada debe haber actuado aparentemente obedeciendo algún estatuto, ordenanza, reglamento, costumbre o uso, de cualquier estado o territorio o el Distrito de Columbia”.
Los tribunales han determinado que la cláusula “aparente” requiere que el infractor califique, al menos en cierto sentido, como representante del estado al privar a la víctima de sus derechos civiles. En pocas palabras, la cláusula se refiere a las personas que abusan de algún tipo de autoridad que obtienen de la ley estatal. Los oficiales de policía que usan fuerza excesiva generalmente se ajustan a esta descripción.
Los jueces pueden considerar una serie de factores para decidir si, al violar los derechos federales de alguien, un oficial estaba actuando aparentemente bajo la ley estatal. Entre estos se toma en cuenta si el oficial:
- Estaba en servicio.
- Llevaba puesto su uniforme de policía.
- Utilizó equipo policial (patrulla o esposas).
- Mostró una insignia o afirmó ser un oficial.
- Llevó a cabo un arresto.
Cuando una demanda de la Sección 1983 tiene que ver con un arresto, el cual es una función de la policía central, un tribunal normalmente considerará que el oficial ha actuado aparentemente bajo la ley estatal.
Ejemplo del uso de la Sección 1983.
Un hombre y su amigo fueron a la estación de policía para hablar sobre un caso pendiente. Cuando el hombre iba saliendo, un oficial lo arrestó por alterar el orden público. Según el hombre, el policía usó demasiada fuerza en su arresto. Afirmó que los oficiales le golpearon la cabeza contra el pavimento, dejándolo inconsciente. También afirmó que los oficiales lo golpearon después de haber recuperado la conciencia.
Después de que el hombre demandó a la policía bajo la Sección 1983, los oficiales trataron de desestimar el caso. Uno de sus argumentos fue que el hombre (quien este caso es la parte demandante) no presentó ninguna evidencia que demostrara pérdidas económicas sufridas por causa del incidente, por ejemplo, facturas médicas y/o salarios no percibidos.
La corte de apelaciones que escuchó el caso sostuvo que el demandante no tenía las pruebas para demostrar una “pérdida monetaria directa” y establecer que merecía una compensación. Pero, el tribunal aclaró que el demandante podía demostrar que tenía derecho a daños al presentar pruebas de dolor físico o angustia emocional como resultado del incidente. Entonces, el Tribunal explica que, incluso un demandante de la Sección 1983 que no tuviese las pruebas para demostrar este tipo de pérdidas puede tener derecho a daños nominales.